Extremadura aprueba el proyecto de presupuestos para 2027 con una cifra récord de 9.254 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en reunión extraordinaria el proyecto de ley de presupuestos de Extremadura para 2027, con un montante global que alcanza los 9.254.088.755 euros. Se trata de la cifra más alta registrada en la historia de la comunidad autónoma y supone un incremento de casi 425 millones de euros (un 4,8 % más) respecto al ejercicio de 2026. El documento, que cumple con los plazos fijados por el Estatuto de Autonomía, inicia de inmediato su trámite parlamentario tras registrarse en la Asamblea de Extremadura.

Prioridad al gasto social e impulso sanitario

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, explicó durante la presentación que las cuentas se han diseñado «para atender lo importante» y consolidar la calidad de los servicios esenciales. Del importe global presupuestado, prácticamente siete de cada diez euros —un total de 6.242 millones, un 6 % más que en el año anterior— se dirigirán de forma directa a políticas sociales.

En el desglose sectorial, el área de Salud y Atención a la Dependencia asume la mayor parte del esfuerzo inversor, con más de 3.544 millones de euros, lo que representa cerca del 40 % de todo el presupuesto autonómico. Entre las actuaciones sanitarias planificadas figuran mejoras en las infraestructuras hospitalarias, la adecuación de los paritorios del Hospital Materno Infantil de Badajoz y la incorporación de nuevas vacunas al calendario regional. En materia de Dependencia, el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) contará con 63,45 millones de euros (5,2 millones más que en 2026), reforzando también los programas de proximidad y la atención al envejecimiento y la salud mental.

Por su parte, la Consejería de Educación dispondrá de 1.732 millones de euros destinados a financiar partidas de transporte escolar, comedores y el desarrollo de la Formación Profesional. Las políticas de desarrollo económico y tejido productivo absorberán 1.973 millones de euros, un 21,3 % del total.

Rebajas fiscales y cuadro macroeconómico

El diseño presupuestario mantiene la senda de alivio tributario promovida por el Ejecutivo autonómico. El proyecto contempla una rebaja de 0,5 puntos porcentuales en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF, que se sitúan en el 7,5 % y el 9,5 %, tarifas que el Gobierno regional sitúa como las más bajas de España.

Asimismo, se reduce del 4 % al 3,5 % el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) para familias numerosas, familias monoparentales, personas con discapacidad y menores de 36 años. En el apartado de deducciones, se incorporan ventajas fiscales específicas dirigidas a los afectados por la talidomida y una deducción de 4.000 euros para pacientes de polio. Manzano defendió estas medidas recordando que, según los datos de la Agencia Tributaria, las rebajas fiscales previas permitieron retornar 128 millones de euros a los contribuyentes extremeños mientras la recaudación creció en 525 millones respecto a 2023.

En el terreno macroeconómico, las cuentas autonómicas se asientan sobre una estimación de crecimiento del PIB del 1,8 %, avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y un objetivo de déficit público limitado al 0,1 %.

Trámite parlamentario y posicionamiento de los grupos

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley ha llegado a la Asamblea de Extremadura para dar comienzo al debate de las enmiendas a la totalidad y parciales. La tramitación arranca con un escenario favorable para el Ejecutivo autonómico, sustentado en la mayoría parlamentaria que comparten PP y Vox.

Mientras las formaciones del Gobierno defienden que el proyecto compatibiliza la bajada impositiva con el fortalecimiento de los servicios públicos, los grupos de la oposición (PSOE y Unidas por Extremadura) han anticipado que someterán las cuentas a un examen riguroso, advirtiendo de posibles mermas asistenciales en el territorio. De cumplirse el calendario habitual, la ley presupuestaria superará las diferentes fases de votación en el Parlamento autonómico en las próximas semanas para entrar en vigor el 1 de enero.