¿Fue Maricarmen víctima de un homicidio social?: claves de la tragedia que sacude el debate de la vivienda

La muerte de María del Carmen Abascal Martín, conocida popularmente como Maricarmen, apenas dos semanas después de ser desalojada por la fuerza de la vivienda en la que residió durante casi setenta años, ha desatado una profunda conmoción social y política en España. El desahucio de Maricarmen, ejecutado el 23 de septiembre de 2026 en el distrito madrileño de Retiro mediante un amplio dispositivo policial, culminó con el traslado de la octogenaria en camilla hospitalaria y su posterior deceso el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón. Colectivos sociales y juristas debaten ahora si el desenlace responde a un «homicidio social», un término que denuncia cómo la subordinación del derecho a la vivienda a la especulación inmobiliaria puede derivar en consecuencias fatales para las personas más desprotegidas.

Siete décadas de arraigo frente a la extinción del contrato

La controversia comenzó mucho antes del despliegue policial. En 1956, el padre de Maricarmen formalizó un contrato de alquiler bajo el régimen de renta antigua en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Tras su fallecimiento en 1960, el contrato se subrogó a nombre de su madre y, a la muerte de esta en 2005, a favor de la propia Maricarmen, quien continuó abonando puntualmente sus mensualidades.

La situación cambió en 2018, cuando la sociedad inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión adquirió el inmueble. En marzo de 2020, la mercantil acudió a los tribunales reclamando la extinción contractual con base en la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, que establece restricciones a las segundas subrogaciones familiares. Aunque la inquilina obtuvo una primera victoria en primera instancia, la Audiencia Provincial de Madrid revocó el fallo a favor de la empresa y, en diciembre de 2023, el Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación, dejando la orden de desalojo en firme.

El impacto del desalojo y el concepto de «homicidio social»

Pese a contar con 87 años, un grado reconocido de discapacidad del 50 % y una pensión de jubilación insuficiente para acceder a los precios vigentes del alquiler en la zona, la comisión judicial ejecutó el lanzamiento tras cuatro intentos previos suspendidos. Decenas de activistas y vecinos intentaron frenar el acceso al portal, pero las unidades policiales despejaron la entrada y el Samur evacuó a la anciana directamente a dependencias sanitarias. Aunque días después se anunció un acuerdo para que pudiera retornar al inmueble, la inquilina nunca llegó a salir del centro hospitalario.

A raíz de su fallecimiento, portavoces del Sindicato de Inquilinas y diversos sectores sociales señalaron que «la violencia del desalojo fue causa directa del desenlace» y calificaron lo ocurrido como un caso paradigmático de homicidio social. El concepto, acuñado originalmente para definir las muertes prematuras provocadas por condiciones socioeconómicas destructivas y privación material, describe en este caso la expulsión de una persona mayor de su hogar y red comunitaria en favor del rendimiento económico de un activo.

Desde la perspectiva jurídica y de la propiedad, en cambio, se defiende que el procedimiento respondió a una resolución judicial ajustada a derecho, amparada en la legalidad civil tras expirar el título contractual que legitimaba la ocupación.

Fractura institucional y movilización ciudadana

El desenlace del desahucio de Maricarmen ha encendido el debate político entre las distintas administraciones sobre la falta de alternativas habitacionales para ancianos vulnerables. El Gobierno central y formaciones de izquierdas han cuestionado la falta de mediación de los servicios autonómicos y locales, al tiempo que la oposición reprocha la ineficacia de la legislación estatal para blindar a estos perfiles.

En las calles, el suceso ha catalizado protestas multitudinarias y concentraciones en Madrid, Barcelona, Valencia y otras capitales, convirtiendo la figura de la vecina de Retiro en estandarte contra las prácticas rentistas abusivas. Las organizaciones ciudadanas exigen moratorias obligatorias en los desahucios de personas de avanzada edad y medidas estructurales que impidan que la vivienda sea tratada como un mero instrumento financiero a expensas de la integridad de los inquilinos.