Noticias del 2026-10-03

Girona y RCD Mallorca se ven las caras en la octava jornada de LaLiga Hypermotion 26-27 , donde el cuadro gerundense quiere lograr la victoria contra un rival directo por el ascenso. De hecho, los dos equipos la pasada temporada también se enfrentaron entre sí, pero en LaLiga EA Sports. Las consecuencias del descenso de los dos equipos les hace ser dos de los gallos de la categoría. A continuación encontrarás el resto de los partidos de fútbol de hoy en la tele.

Los de Luis de la Fuente igualan una racha de vértigo en una noche de rotaciones y debut de caras nuevas.

El Barça Atlètic se medirá al Tudelano con el liderato en juego, en la quinta jornada del Grupo 2 de Segunda RFEF. El conjunto blaugrana llega con la moral reforzada, tras haber derrotado al Peña Sport en su último partido disputado, en el Estadi Johan Cruyff y de manera contundente (4-0). A continuación encontrarás el resto de los partidos de fútbol de hoy en la tele.

Una decena de tiendas de campaña instaladas en la plaza de la Montañeta en Alicante

Se juega la tercera jornada de la UEFA Nations League 2026-2027, donde España visitará a Croacia en el Estadio Poljud de Split. El combinado nacional viene de ganar a República Checa en el estadio Carlos Tartiere, por lo que pretende seguir con su pleno de triunfos en este Grupo C. A continuación encontrarás el resto de los partidos de fútbol de hoy en la tele.

El joven aragonés de 25 años forma parte de un equipo que experimenta con la realidad mixta para crear experiencias inmersivas que fusionan arte, tecnología e interacción.

El adelanto de la vendimia, la caída de la producción y del consumo colocan a los diferentes eslabones de la producción vitivinícola en un momento de gran complejidad, el que algunos se replantean su continuidad La falta de pasto golpea la ganadería: "Hay granjas que tienen que reducir el número de animales, la situación es inviable" Una vendimia más temprana que nunca, una producción reducida y un consumo a la baja . El sector vitivinícola ve cómo el cambio climático está impactando en todos los eslabones de una actividad económica que convive con una realidad generalizada: se beben menos bebidas alcohólicas , vino incluido. Una combinación de factores que obliga a todo el sector a cambiar el paso. Actores muy diferentes que tienen que pensar en si compensa resistir o si es más rentable abandonar. Mientras, se calculan en cerca de 100.000 las hectáreas de vid perdidas en España en los últimos 15 años. “El cambio climático está ahí, no lo puede negar nadie”, explica Paco Berciano, experto en el sector del vino. “Cada año es una vendimia más temprana. La maduración, con el calor, y la vendimia han sido muy rápidas y no es solo un problema español. Estamos viendo cómo todas las grandes zonas vinícolas tienen que arrancar el viñedo de poca calidad, porque no es rentable”, indica Berciano, exprofesor del Basque Culinary Center. “Con el cambio climático, si desaparecen esas zonas de viñedo, esos territorios serán un desierto, porque la viña es lo que más aguanta. Tenemos un problema serio porque para esos lugares no hay alternativas”, advierte. Una vendimia cada vez más temprana “El adelanto de la vendimia de este año es algo excepcional. Si hace 20 años alguien hubiera dicho que íbamos a empezar a cosechar a mediados de agosto le habríamos tratado de loco”, afirma Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero. Una cosecha que este año ha sido muy temprana, pero con una uva de gran calidad, matiza. “Vemos que las vendimias se están anticipando, pero este año ha sido excepcional, porque se ha adelantado un mes, tanto el principio como el final” de la cosecha de uva, añade José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV). Las organizaciones agrarias recalcan que no es algo pasajero, sino que ya son varios los ejercicios con recogidas adelantadas al estío. “Llevamos varias campañas así”, apunta Roberto Ruiz Clavijo, responsable vitivinícola de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG). “Es algo que vemos en todo el territorio, en todas las denominaciones, debido al cambio climático, y es algo que es un problema, porque los ciclos se acortan y la producción se reduce”. “Hay variedades que ya no han aguantado más. Este año tenemos dos cuestiones que nos han condicionado. Una, las olas de calor continuas y largas, durante el verano. Otra, también ligada al cambio climático: durante la primavera vivimos meses muy secos, que han afectado claramente al viñedo”, explica Ignacio Huertas, secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). “Evidentemente, el viñedo es uno de los sectores más afectados por el cambio climático, porque llevamos tres años con producciones anormalmente bajas. En este, vamos a estar en niveles de 2025, que ya fue uno de los peores de la historia”. Se rondarán los 33.000 millones de hectolitros, cuando hace cinco años se llegó a 43.000. Lo positivo, añade, que se trata de una uva sana y de calidad. “Hay muchas explotaciones que se están planteando continuar”, asume el secretario de Agricultura de UPA. “En 15 años hemos perdido 100.000 hectáreas de viñedo que se han ido a otros sectores o, simplemente, no se han vuelto a plantar. En el caso de los viñedos de secano, que son los tradicionales, hablamos de cortafuegos naturales, que están en manos de explotaciones familiares que generan mucha mano de obra local”. En total, precisa Ignacio Huertas, en España hay 900.000 hectáreas de viñedo, la mayoría de secano, y cerca del 70% de las que han desaparecido estaban dentro de este modelo de producción, más tradicional y asentado en el territorio. Drones, tipos de uva o cultivos en altura El sector vive diferentes problemas y no son iguales las situaciones que atraviesan las grandes bodegas que aquellas que condicionan a los pequeños agricultores. Sin embargo, todos hablan de estudiar y analizar posibles soluciones, que pasan por la inversión y la apuesta por la tecnología. “En Francia, en Burdeos, se están tomando medidas de arranque de vides, pero eso por sí solo no resuelve nada”, señala Huertas. Roberto Ruiz Clavijo ahonda en que los “periodos de sequía, las olas de calor, han venido para quedarse y están cambiando los protocolos del cultivo de la vid. Vamos a tener que cambiar las metodologías, plantas que aguanten mejor el estrés hídrico. Hemos visto que las parcelas con dotación de riego son las que mejor están aguantando”, recalca. “También se pueden plantar variedades en zonas más altas, para aminorar el estrés”. Recogida de la uva en una imagen de archivo. El responsable de la DO de Ribera de Duero reconoce que no es una cuestión fácil. “No es sencillo replantear el regadío, porque las parcelas tienen que tener una superficie determinada, porque hay terrenos alejados de los ríos, hay que hacer perforaciones, instalaciones y la rentabilidad puede ser discutible, pero habría que estudiarlo si la supervivencia del viñedo lo exige”, asegura. “La climatología ha cambiado y las prácticas también pueden tener que cambiar. Nos tenemos que amoldar”, admite, “pero el tipo de uva no lo podemos cambiar. Si cambiamos la variedad, el tempranillo, no seríamos Ribera. Podemos cambiar la parte de abajo de la planta, lo que se agarra al suelo, pero manteniendo el mismo tipo de uva”. El director de la FEV, que agrupa a las empresas bodegueras, pone sobre la mesa dos tipos de medidas. Unas enfocadas a la adaptación al cambio climático, y otras a la mitigación de su impacto. Entre las primeras señala los sistemas de poda o una evolución para cultivar a mayor altitud allí donde se pueda. Entre las segundas, la reutilización del agua o el uso de drones para controlar la temperatura de las vides. Unas medidas que conllevarían una alta inversión y donde, apunta José Luis Benítez, tendrían que entrar las diferentes administraciones públicas. “Tenemos que ser capaces de buscar fórmulas para que los viñedos no se mueran. En España hemos vivido enfermedades, viñedos que han tenido que ser arrancados del todo, que han tenido que reinjertarse, reconstruirse. Ahora habrá que buscar variedades autóctonas que se dejaron porque no eran productivas, modificar la poda, la cubierta vegetal de arriba de la vid para que proteja a la uva y estar mucho más pendientes porque, con el cambio climático, tenemos tanto olas de calor como heladas extremas y eso va a continuar”, expone Paco Berciano. Un consumo a la baja y precios que no cubren costes El impacto del cambio climático, la sequía y la menor producción conviven con un momento en el que las organizaciones agrarias advierten de la subida de gastos (como los energéticos o los fertilizantes) como consecuencia del conflicto en Irán; y de la imposibilidad de cubrir los costes de producción. Por ello, piden que se aplique la Ley de la Cadena para evitar que el eslabón más débil de esta, los productores, pague el mal momento que vive el sector. Además, esta situación se produce en un contexto de mercado donde cae el consumo de vino, no solo en España, también en otros países que son claves para nuestras exportaciones, como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Y cae, sobre todo, el tinto. “El futuro pasa por una reducción del volumen y un aumento del valor, hay que acostumbrarnos a que vamos a un consumo más caro, pero de más calidad”, indica José Luis Benítez. Sin embargo, “hay que diferenciar el consumo de vino de diario y el especial. El primero está en clara crisis, porque cada vez se consume menos vino, en el día a día”, matiza Paco Berciano. “El de calidad, que es un porcentaje muy pequeño, ese lo nota menos”. Y es algo que afecta a todos los operadores. “El sector atraviesa un momento complejo, que afecta a todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta la comercialización”, incide el presidente de la Interprofesional del Vino, Fernando Ezquerro. “Nos encontramos ante un contexto internacional difícil, el consumo mundial de vino está descendiendo, los mercados están sometidos a importantes tensiones y existe una ralentización general del comercio. Además, el vino no es un producto de primera necesidad y, por tanto, es especialmente sensible a los cambios en los hábitos de consumo y a la coyuntura económica”, reconoce Ezquerro. “Tenemos que generar más valor y que ese valor se distribuya de manera equilibrada a lo largo de toda la cadena”. La situación puede afectar a todos los operadores, pero no por igual. “Algunas bodegas pequeñas son las que mejor sobreviven a las crisis. Las grandes, en cambio, lo están pasando mal, las que elaboran más litros. También, el pequeño viticultor que vende su vino, porque nota que no se lo compran o lo hacen a precios ridículos; y son los que cultivan por amor”, subraya Berciano. “Y si este último vende su viñedo, si esos terrenos van a las grandes compañías, trabajarán con gente que se mueva por todas partes, pero no con gente de los pueblos, que tienen en los viñedos su forma de vida”, concluye.

El líder del Partido Popular ha elegido las bajas como un tema central de su agenda laboral, que incluye varias demandas empresariales, como recortes, más control y altas de estas organizaciones patronales El gurú económico de Feijóo defiende ampliar el límite de horas extra en España Con las elecciones en el horizonte , ya sea más o menos cercano, la patronal ha recibido esta semana la noticia que lleva décadas esperando: una propuesta de reforma para que las mutuas —entidades que gestionan organizaciones empresariales— puedan dar el alta a trabajadores de baja por enfermedad común. Una línea roja en España, en manos de la sanidad pública hasta que el pasado martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asumió ese compromiso si llega a La Moncloa. Las declaraciones de Feijóo ante empresarios catalanes no dejan lugar a dudas. “¿Vamos a incrementar las plantillas de los médicos evaluadores? Sí. ¿Vamos a reforzar el papel de las mutuas? Sí. ¿Vamos a facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas? Sí. ¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí”, dijo el líder del PP. Y no es la primera vez que el dirigente gallego aborda una de las reivindicaciones históricas de la patronal. El pasado verano, también ante empresarios, esta vez vascos, avanzó su apuesta por recortar sueldo “y prestaciones” a los trabajadores de baja. Y remachó: “Con o sin acuerdo” sindical . Es el último de varios anuncios para recortar derechos sociales, especialmente parar modificar el actual sistema de protección de los trabajadores enfermos. Algo que ya está haciendo el PP en Galicia , desde un discurso de un supuesto “fraude” masivo no avalado por datos. En el caso de las pensiones, el PP suele hacer gala de una pretendida indefinición, y no aclara su postura sobre el sistema público en cuestiones clave, como la subida anual con el IPC, aunque luego vote en contra cuando llega la hora de la verdad en el Congreso. Pero cuando se trata de las bajas laborales, el equipo de Alberto Núñez Feijóo sí está dibujando un camino de recortes en caso de llegar al Gobierno central. El PP justifica su arremetida en el gran aumento de las bajas laborales, sobre todo tras la pandemia . Una realidad estadística que se explica por múltiples motivos: desde las largas listas de espera en la sanidad pública al grave empeoramiento de la salud mental o el envejecimiento de la población, entre otras. Con esos datos en la mano, el PP está engrasando una intensa campaña pública de cuestionamiento y culpabilización de los trabajadores ausentes por enfermedad con críticas al aumento del “absentismo” y de un supuesto “fraude” masivo, que ni el PP ni la patronal prueba con datos . Su gurú económico, Alberto Nadal, ha defendido recientemente subir el límite de horas extra en España, con la excusa de dar “más libertad” a los pactos entre trabajador y empresa ante las actuales “prohibiciones para trabajar”. La ampliación del horario es una de las propuestas recurrentes del PP para salir al paso del debate sobre la conciliación: en resumen, se trata de trabajar las mismas horas distribuidas de forma diferente . Nadal planteó el pasado mes de julio el absentismo laboral como un problema específico de España, “y especialmente del País Vasco”. “Eso se debe a que desde el Gobierno se mandan señales del tipo, pagar el alquiler es opcional e ir a trabajar es opcional”, aseguró, aunque luego reconoció que “un 70% de los trabajadores no faltan un solo día al trabajo” y que “del 30% restante las habrá claramente justificadas” y “una minoría que se aprovecha del sistema”. “Quien da las altas y las bajas son los sistemas de salud de las comunidades autónomas, pero quien paga es la Seguridad Social. Esto genera disfunciones”, dijo. “El sistema de control no funciona”, aseguró. El alta médica en manos de organizaciones empresariales Ahí se asienta la propuesta de Feijóo. La patronal de mutuas AMAT ha salido en defensa de la propuesta del líder de la oposición y de la profesionalidad de sus sanitarios, que alegan que son médicos como los del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la trascendencia de la medida no hay que buscarla en las consultas médicas de estas entidades. O no solo , sino más bien en sus órganos de dirección. Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, se financian con dinero público proveniente de las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, pero son organizaciones empresariales, dirigidas como tal. Para ilustrarlo con un ejemplo reciente: el líder de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, quien llamó “memos” a los jóvenes de baja por salud mental , es el gerente de una mutua (Solimat). “El actual modelo de las mutuas las reconoce como asociaciones de empresarios”, recuerdan en CCOO. “Por tanto, con mayores competencias se incurriría en un claro conflicto de interés al ser organizaciones dirigidas por personas designadas desde las empresas”, advierte el sindicato liderado por Unai Sordo. En el mismo sentido se pronuncian en UGT. “Dar a las mutuas la facultad de decidir cuándo termina esa baja es dejar la salud de la persona trabajadora en manos de quien tiene un interés económico directo en que vuelva a su puesto cuanto antes”, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Eso no es gestión sanitaria: es un conflicto de intereses”, advierte. Cuando los sindicatos mayoritarios se han abierto a dar más competencias a las mutuas, siempre que se las nacionalice —que sean totalmente públicas, también en su gestión—, la patronal se ha negado en redondo a esta opción. Más allá de la propia naturaleza de las mutuas, la atención en la práctica de los accidentes de trabajo por estas entidades y el control que ejercen de las bajas por enfermedad o accidente común —“nosotros nos inflamos”, dijo Ángel Nicolás sobre las propuestas de alta a trabajadores enfermos— han labrado a las mutuas una extendida desconfianza entre los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, por altas médicas de accidentes laborales antes de tiempo que al final acaban en las consultas de la sanidad pública, así como por una sistemática negativa a reconocer enfermedades de origen profesional —que enmiendan los tribunales en muchas ocasiones—. También hay casos muchos más graves, en los que directamente se investigan malas praxis al servicio de las empresas, así como sentencias que invalidan por abusos la contratación de detectives por parte de las mutuas para espiar a trabajadores de baja. Cuando pueden facilitar las pruebas en mutuas, no lo hacen Además de las altas, Feijóo afirmó que iba a “facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas”, algo que el Gobierno está tratando de impulsar (aunque el alta sigue en manos de la sanidad pública) desde hace más de dos años, con el respaldo de los sindicatos y empresarios. Sin embargo, en la práctica el PP no ha firmado los convenios que lo harían posible en la mayoría de las Comunidades Autónomas que gobiernan. Solo se han suscrito cinco de estos convenios: en Castilla-La Mancha, Baleares, Catalunya, Asturias y Cantabria. El PP gobierna actualmente 11 comunidades autónomas, cuatro de ellas en coalición con Vox y otra con Coalición Canaria: Andalucía, Madrid, Galicia, La Rioja, Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, las Islas Baleares, Cantabria y Canarias, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya administración depende del Estado o de Andalucía. “Me preocupa que las mutuas no hayan hecho uso de las herramientas que tienen desde 2024 para curar a la gente que tiene incapacidad temporal por traumatología (las más frecuentes), pero que aplaudan que vayan a dar las altas médicas… Parece que las únicas propuestas van encaminadas a restar prestaciones y derechos en lugar de medidas para recuperar la salud de la gente enferma”, lamenta Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral de UGT. Galicia: experimento del control fuera de lo sanitario El líder del PP también está insistiendo en elevar el “control” de los trabajadores de baja. En este sentido, Galicia puede servir de ejemplo de lo que está haciendo ya el Partido Popular donde gobierna. Alfonso Rueda, el sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, anunció hace meses una ofensiva para evitar presuntos abusos en las bajas. Desde entonces, hay varias medidas sobre la palestra. Desde ofrecer cobrar más dinero a los médicos de familia si acortan las bajas de sus pacientes al reciente anuncio de la creación de una figura de supervisión ajena al ámbito sanitario para los trabajadores que vuelven tras una baja . Se trata de un plan para limitar las bajas que el Gobierno gallego ha sacado adelante con el apoyo únicamente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y el sindicato UGT, con fuertes críticas de CCOO y CIG , que denuncian “una criminalización” de las incapacidades temporales, que ponen bajo sospecha a quien enferma. El líder del PP mantiene así una alineación casi perfecta con la patronal. Una constante que se mantiene desde que aterrizó en Madrid en 2022 .

Una muy amplia mayoría de ciudadanos apoyan las medidas que aprobó el Gobierno en materia de vivienda, aunque lo responsabilizan de la situación actual Encuesta - La mayoría de ciudadanos, incluidos los votantes de la derecha, apoyarían una huelga general por la vivienda Los votantes de la derecha aprueban mayoritariamente algunas de las medidas del decreto de vivienda que sus partidos tumbaron el viernes en el Congreso en plena crisis de vivienda y con las calles tomadas por los manifestantes para exigir una reacción. Tanto los votantes de PP como los de Vox y Junts apoyan el escudo antidesahucios y el veto a la compra de los buitres, según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es. Los de Junts también están a favor de la prórroga de alquileres a los contratos que venzan antes de 2028. Concretamente, el 55% de votantes del PP, el 53% de votantes de Vox y el 70% de los de Junts apoyan la medida de proteger a las personas vulnerables sin alternativa habitacional de los desahucios, tal y como aprobó el martes el Consejo de Ministros. Entre los votantes de la izquierda, el porcentaje se eleva al 85% en el caso de los votantes del PSOE y hasta el 86% en el caso de Sumar. Un 70% de los ciudadanos más allá de la ideología apoya esta medida. Los votantes de todos los partidos apoyan también que se prohíba hasta 2028 a los grandes fondos de inversión que compren vivienda para especular. Es una medida que apoyan el 62% de los votantes del PP y el 57% de Vox, así como el 76% de los de Junts. Entre los votantes de izquierda el apoyo alcanza al 89% de los votantes del PSOE y al 95% de los que apoyaron a Sumar. Si no miramos el color político, hasta un 75% apoyan esta medida, más incluso que la protección a vulnerables. Hay que tener en cuenta que la muestra de Junts es de 30 personas sobre un total de 1.500 encuestados, muy baja como para alcanzar el mismo nivel de rigor que los grandes partidos estatales que superan siempre al centenar de encuestados. Los votantes de Junts también apoyan las prórrogas Las prórrogas al alquiler y las renovaciones automáticas son las medidas con más rechazo entre la derecha, pero con un apoyo mayoritario del 61% de todos los encuestados en las prórrogas hasta 2028 y del 59% en las renovaciones automáticas de por vida del segundo decreto. Esta medida, sin embargo, tiene más apoyos que rechazos entre los votantes de Vox, un 49%. Un 40% de los votantes del PP apoyan este segundo decreto y un 52% lo rechazan. Junts sí que da un apoyo mayoritario, del 55%, a las renovaciones de por vida, que entre votantes de PSOE y Sumar se dispara hasta el 74% y el 78%, respectivamente. Los resultados en las prórrogas hasta 2028 son similares. Un 44% de los votantes del PP y un 44% de los de Vox las apoyan, por un 64% de los de Junts, un 78% de los del PSOE y un 82% de los de Sumar. Un 59% de los ciudadanos creen que es una buena medida la renovación automática de los alquileres. Castigo al Gobierno Medida a medida, los partidos de derecha dan apoyo a varios de los puntos principales del Gobierno, pero al ser preguntados en general por la respuesta, pocos creen que sea adecuada. Pero no cuestionan los decretos por haber ido demasiado lejos, sino por quedarse cortos. Así lo opinan el 60% de los votantes del PP, el 59% de los de Vox y también, a la izquierda, el 58% de los votantes del PSOE y el 80% de los de Sumar y el 47% de los de Junts. Aunque los votantes de izquierda en general apoyan todas las medidas de los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, expresan un castigo a la gestión del ejecutivo en vivienda, que ha tardado 8 años de legislatura en presentar las medidas de este calado que además en general todos los votantes creen que se quedan cortas. Solo un 27% de votantes del PSOE y un 10% de los de Sumar valoran como buena o muy buena la gestión del Gobierno en vivienda. Un 30% de los que apoyaron al PSOE y un 47% de los que dieron su voto a Sumar en las últimas elecciones creen que la gestión es mala o muy mala. El resto creen que es regular, opción preferida entre ambos votantes con porcentajes superiores al 40% en ambos casos. Entre los votantes de PP y Vox, el rechazo alcanza el 80%. Pese al gran foco de los grandes propietarios y fondos de inversión, a quienes culpan un 31% de los encuestados con porcentajes similares entre propietarios e inquilinos, es el Gobierno de España el principal señalado por la situación de la vivienda. Hasta un 53% de los encuestados cree que es el principal responsable de la crisis de la vivienda. Pese a que las competencias en vivienda son de las comunidades autónomas, tan solo un 22% señala a los gobiernos autonómicos como principales responsables. Muy pocos culpan a los pequeños caseros: un 4% de los encuestados. Pese a la gran movilización por la vivienda y el gran apoyo social a las manifestaciones e incluso a una posible huelga, la gran mayoría de votantes no tendrán en cuenta lo que hagan los partidos en materia de vivienda a la hora de decidir su voto. Tan solo un 22,8% de los ciudadanos lo hará, por un 29% de votantes del PSOE, un 22% del PP, un 15% de Vox y un 36% de Sumar.